Por: Paul Montjoy Forti. Abogado especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo (publicado en La Cuestión)

Una de las propuestas del candidato Pedro Castillo de Perú Libre es la convocatoria de una asamblea constituyente para derogar la Constitución de 1993 y sustituirla por una nueva con un diferente capítulo económico.

Programa bajo premisas falsas

En el ideario y programa que presentó el candidato al Jurado Nacional de Elecciones-JNE, se menciona que la Constitución del 93 fue establecida bajo los lineamientos del Consenso de Washington. El ideario establece que “el modelo neoliberal demostró su incapacidad para resolver las necesidades mayoritarias del país”, a pesar de que el modelo de libre mercado ha logrado reducir la pobreza de 58.5% a 20.5% del 2000 al 2018 y la pobreza extrema de 16.4% a 2.8% en ese mismo periodo de tiempo según el Instituto Nacional de Estadística- INEI. El Perú logró aumentar su PBI de 51.7 miles de millones en el año 2000 a 226.8 miles de millones de dólares en el 2020, superando en PBI per cápita a países como Colombia, Bolivia o Ecuador, siendo la reducción de brechas más marcada de su historia.

El programa de Castillo expone que la Constitución vigente no “promueve la solidaridad”, (no queda muy claro qué significa “solidaridad” en esos términos). Dice que es “mercantilista porque se pone en función de dos perversas leyes: la oferta y la demanda” cuando la oferta y demanda es una ley económica que existe así quede prohibida por ley. Es por eso por lo que en los sistemas económicos en los que se regulan los precios se genera, casi de forma automática, escasez pues nadie en su sano juicio produce a pérdida y resulta conveniente vender en el mercado negro, como ocurrió en nuestro país en el 85. Menciona que es “privatista porque ha privatizado todas las empresas estatales”, información que es falsa. Actualmente el Estado tiene más de 100 empresas públicas entre las que se encuentran las Cajas Municipales, Serpost, Petro Perú, entre otros. También menciona que es “entreguista porque ha entregado los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros, eléctricos al gran capital trasnacional, así como los puertos, aeropuertos y carreteras”. En el plan de gobierno presentado el 16 de mayo, se establece los mismos argumentos, pero en un lenguaje menos confrontacional.

El programa de Perú Libre no diferencia lo que es una “privatización” de una “concesión”. Mientras la primera se refiere a la venta de los activos públicos, como ocurrió con empresas como Aero Perú, por ejemplo; la segunda se refiere a la entrega de un derecho especial de explotación mientras la titularidad de este sigue siendo pública. Esto ocurre, por ejemplo, con los aeropuertos, que siguen siendo del Estado, pero se encuentran bajo una administración privada que está obligada a invertir y mantener estándares de servicio mínimos establecidos en un contrato con el Estado y que está obligada a devolver los activos después de un determinado tiempo. Esto ha permitido mejorar en los últimos años nuestra logística en puertos, aeropuertos y construcción de infraestructura.

Menciona también en su programa que el Estado no asume como responsabilidad propia la Educación, lo que es manifiestamente falso porque en el artículo 6 se establece textualmente que “el Estado asegura los programas de educación”. Perú Libre establece que el artículo 59 otorga “libertad solo para los ricos”, lo que es una mentira porque el artículo 59 establece la libertad de empresa o de inversión privada que en el Perú se ha dado mayoritariamente en las microempresas que son el 94.9%, mientras que las grandes empresas y trasnacionales representan el 0,6% del total. Es decir que, en realidad, la libertad de empresa ha beneficiado a los emprendedores con bajos recursos y no a los “ricos”. Afirma que el artículo 60 veta a la empresa pública, lo que también es falso porque dicho artículo establece que cuando el Estado decida invertir en una empresa pública esta debe realizarse a través de una ley expresa (que en la práctica también se ejerce por Ordenanzas Regionales y Municipales) y que debe argumentarse su “manifiesto interés nacional” ¿No resulta lógico que si el Estado utilizará el dinero de los contribuyentes para crear una empresa pública esta deba ser creada por ley (que la dota de seguridad jurídica) y sea para manifiesto interés general?

Establece que el artículo 62 es el “más lesivo y es la madre protectora del saqueo” por darle protección a los contratos entre privados y a los contratos ley, por los cuales el Estado otorga garantías a la inversión privada y dota de seguridad jurídica a la transacción privada. Si no existiera esta garantía, ningún tipo de capital (nacional o extranjero) contrataría con el Estado porque este no le garantizaría la estabilidad suficiente para invertir. Esto ha generado, por ejemplo, que la inversión minera en el 2020 y 2021 sea de 12,800 millones de dólares (en comparación de los 4 millones de dólares de inversión minera en Bolivia en el 2019) y una cartera de inversión de 57,772 millones de dólares. Entonces, si las premisas en las que se funda en plan de gobierno de Perú Libre son manifiestamente falsas en cuanto al cambio de Constitución, es presumible que se pretende cambiar estos por artículos que son antitécnicos.

En la cuenta oficial de Pedro Castillo se observa la imagen con el mensaje “Nueva constitución”.

¿Qué quiere cambiar Pedro Castillo en la Constitución? ¿Puede hacerlo?

El plan de gobierno, tanto el primogénito como el nuevo, expone que lo que se quiere lograr es tener un “Estado interventor, planificador, innovador, empresario y protector”. Quiere generar un Estado redistribuidor de riqueza y un “Estado peruano industrializador” que genere plazas de trabajo. Si hablamos de desempleo, el Perú logró tener en el 2019 una tasa de desempleo de alrededor del 4.2% según la OIT, mientras que los países con gobiernos estatistas fueron mucho menos eficaces, así tenemos a Argentina con 10.4%, 4.8% en Bolivia, 4.6 en Ecuador, 44.3% en Venezuela y 7,4% en Nicaragua.

Así como un “Estado nacionalizador” que vele por la economía interna y no por las exportaciones. Un Estado revisor de contratos que permita la renegociación y anulación de las concesiones. También se habla de la estatización de sectores estratégicos como los mineros, gasíferos, petroleros, entre otros. Una receta al fracaso, sin duda, porque ningún inversionista privado será capaz de invertir en un país que puede cambiarle las reglas de juego cuando a este se le antoje. Un caso paradigmático es el de Venezuela (modelo a seguir según el plan de Perú Libre), un país en el cual se aplicó este modelo, y hoy vive la peor crisis económica de su historia que ha llevado incluso, según el ABC, a poner en venta PDVSA por 77 mil millones de dólares para poder igualar los niveles de producción 1998. Y también un Estado cerrado porque prevé el cierre de las importaciones en la agricultura y en otros sectores, lo que condenará a los empresarios peruanos a no alcanzar mercados internacionales que paguen más y mejor por sus productos.

La Constitución peruana prevé sus propios mecanismos de modificación previstos en el artículo 206 de la misma. Las dos únicas vías para cambiarla es a través del Congreso de la República, una de ellas mediante el voto de mayoría calificada en dos legislaturas y la segunda mediante el voto de mayoría calificada en una legislatura y a través de la aprobación de un referéndum, siendo la modificación de la Constitución una prerrogativa exclusiva del Poder Legislativo.

La tabula rasa, el sueño que no garantiza nada.

No es la primera vez en que nos encontramos ante un movimiento “refundacionista”. De hecho, en el Perú hemos tenido 12 constituciones: 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y 1993. Es decir, que lo que ofrece el candidato Castillo no es algo nuevo, lo hemos vivido doce veces y ninguna de ellas ha logrado solucionar los problemas tangenciales del Perú. El problema surge cuando se entiende a la Constitución como la panacea que soluciona todos los problemas. Si los problemas se resolvieran cambiando la carta magna, el Perú debiera ser un país desarrollado.

Al revés, la historia ha demostrado que los países que más rápido han logrado el desarrollo han sido aquellos que tienen, sobre todo, seguridad jurídica. Por ejemplo: Estados Unidos, en sus 244 años de independencia, han tenido una sola Constitución que ha sido enmendada las veces que ha sido necesario. El Reino Unido tiene una Constitución consuetudinaria (no escrita) y nunca se ha planteado el reemplazo de estas normas. Alemania, por su lado, ha tenido 6 distintas Constituciones entre el Imperio Alemán y la Alemania de hoy. México ha tenido 5 textos constitucionales, la última es la Constitución de Querétaro (1917), la misma que ha sido reformada más de 300 veces. Otro caso de seguridad jurídica es Francia, que después de las innumerables veces que se refundó el país, en 1958 (tiempos de Charles de Gaulle) se creó su última constitución, la misma que se ha mantenido desde entonces.

Es decir que, podemos seguir cambiando la constitución cuantas veces queramos y eso no va a solucionar los problemas, que no se encuentran en el texto constitucional, sino en la ejecución de esta a la realidad por parte de los gobiernos y, por ende, de los políticos. Lo que el Perú necesita para solucionar sus problemas son i) reformas integrales dentro del mismo sistema jurídico, ii) políticas concretas y sensatas que ataquen dichos problemas, iii) generación de mayor cantidad de riqueza, iv) generación de igualdad de oportunidades para que todos accedan a la riqueza y v) garantías de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Impactos de los posibles cambios de Constitución

Es cierto que no existe nada más cobarde que el dinero. El primer impacto que tendría la instalación de una asamblea constituyente es el aumento de la inseguridad jurídica, lo que para fines prácticos se traduce en menor cantidad de inversión por parte de las empresas que están instaladas en el país, así como un parón de aquellas que estaban dispuestas a invertir. No solo eso, el forado en el sistema jurídico sería tan profundo que quedarían muchas normas, reglamentos y contratos que se han tejido alrededor de la Constitución sin un sostén jurídico. Esto también puede generar que las empresas busquen maneras de resguardar o ahorrar el capital, lo que podría verse en reducción de personal o despidos masivos, sobre todo en los sectores en los que el Estado planea intervenir.

Posteriormente, si se logra imponer dentro de la Constitución un modelo estatista, se reducirá la posibilidad de atraer nuevas inversiones, como ocurre actualmente en Bolivia, cuya industria minera agoniza porque no ha habido exploraciones de minerales, lo mismo que su industria de gas. La tabula rasa no hará otra cosa que atrasarnos y llevarnos al inicio nuevamente ¿Por qué no buscamos, en cambio, mejorar la ejecución de la norma constitucional?

Foto tomada de Sudaca.pe