¿La comunicación lo puede todo? Estrategias comunicacionales y derechos en el Perú minero

¿Pero puede resolver todo la comunicación? Es decir ¿está en las manos de los comunicadores resolver los problemas principales y específicos de los conflictos sociales? No necesariamente. Hay serios problemas, brechas por así decirlo, que deben y deberían ser resueltos propiamente por la política y los políticos. La corrupción, la falta de un “Estado eficiente” que entregue servicios mínimos de calidad o cerrar las brechas de infraestructura a través de proyecto de inversión en las zonas más alejadas de nuestra patria -curiosamente allí donde se aloja la minería- o el combate a la ideología marxista, aquella que alienta la lucha de clases como motor de la historia, es tarea de la política y no de la comunicación.

Hasta ahora la inviabilidad del proyecto Conga, acaso uno de los proyectos de inversión más importantes que el Perú requiere, denota otro fracaso más en la larga experiencia de conflictos sin solución que el país posee. Pero antes de Conga fue el Baguazo de García y antes de este fue el Arequipazo de Toledo. Parece absurdo pero cada cierto tiempo volvemos a descubrir todos, cientistas sociales, políticos, periodistas, opinólogos y la sociedad peruana lo de siempre: los conflictos sociales llegan al punto de generar muertos, heridos y desgobierno por una “falta de diálogo”.

 
Esta “falta de diálogo” (que es un axioma generalizado  por el debate diario) no es otra cosa que el problema de comunicación vista como una herramienta esencial para la prevención y resolución de los conflictos sociales. Es evidente que esta deficiencia de comunicación es  necesaria a resolver a través del conocimiento de las causas del problema social, del leit motiv si se quiere, de los actores, de la sucesión de los hechos, del contexto, pero  sobre todo  saber bien cuáles son los límites de la comunicación. Es decir hasta dónde se puede llegar.
 
En este sentido para Conga lo ideal hubiese sido la puesta en marcha de una política de comunicaciones del gobierno a lo largo y ancho de territorio nacional.  Pero también estrategias específicas de las empresas privadas para  sus áreas de influencia. En ambos casos el  objetivo debía ser el mismo: una población enterada e integrada de los beneficios de la minería como una industria asociada a la misma génesis de la civilización peruana pero también graficada como esa  palanca de oportunidad, esa “renta natural” que debe servir para el progreso y desarrollo de nuestra patria en este nuevo siglo. Los impactos específicos en el empleo, el consumo y el crecimiento debieron ser traducidos en lenguaje sencillo, amplio y honesto.  Esa tarea es, y sigue siendo, de los comunicadores o estrategas de la comunicación y no de la fría y cartesiana ingeniería.
 
¿Pero puede resolver todo la comunicación? Es decir ¿está en las manos de los comunicadores resolver los problemas principales y específicos de los conflictos sociales?  No necesariamente. Hay serios problemas, brechas por así decirlo, que deben y deberían ser resueltos propiamente por la política y los políticos. La corrupción, la falta de un “Estado eficiente” que entregue servicios mínimos  de calidad o cerrar las brechas de infraestructura a través de proyecto de inversión en las zonas más alejadas de nuestra patria -curiosamente allí donde se aloja la minería- o el combate a la ideología marxista, aquella que alienta la lucha de clases como motor de la historia,  es tarea de la política y no de la comunicación.
 
En este mismo contexto hay además un tema importante, trascendente aún más que la eficiencia del Estado moderno en las zonas más alejadas. Y ese el reconocimiento del “otro” como ciudadano.  Según Thomas Marshall hay tres generaciones, o dimensiones de derechos seguidas una de otra en función al surgimiento del capitalismo. El primero de ellos son los derechos civiles, es decir la libertad de persona, de expresión, de contrato y de propiedad. El segundo de estos derechos es el político, a participar en las decisiones políticas, elegir y ser elegido, el tercero son los derechos sociales, bienestar e igualdad de oportunidades. En el Perú de hoy todavía no se han resuelto la primera generación de derechos, es decir, de derechos civiles. La serranía, allí donde se aloja la minería pero también las comunidades campesinas reflejan ese contrasentido. Tomando a Marshall no hay ciudadanos en medida que el problema de la propiedad no se resuelva. Una condición para la democracia es el desarrollo del capitalismo y una condición para el desarrollo capitalista son los derechos de propiedad. La pregunta sería entonces ¿puede la comunicación y sus estrategas con este despelote? En términos sencillos no.
 
Pero lo que sí puede (-y en eso radica una visión diferente de hacer estrategias de comunicación -además de su fortaleza) es generar espacios de diálogo que no solo traduzcan los beneficios de la minería al lenguaje común sino además otro debate. Es decir abrir espacios para el surgimiento de propuestas para mejorar la eficiencia del Estado en las zonas más alejadas y el otorgamiento de los derechos civiles como condición de una nueva relación ciudadanía – empresa minera. La tarea es ardua pero ¿alguien acaso conoce otro camino?

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Javier Ivan Arenas

Comunicador para el desarrollo. Ha llevado un Programa de Gerencia Política por la CAF y George Washington University. Actualmente se encuentra realizando estudios de maestría en Gerencia Social por la PUCP. Trabaja como Coordinador de proyectos de relaciones comunitarias. Publica periódicamente en el blog Por la libre.

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