¿Repartiéndose el poder?

Argumentar que el país necesita una nueva Constitución Política porque es preciso una “nueva repartición del poder” denota que dicha propuesta carece de una concepción de lo que entienden por Constitución, lo que ésta contiene y su finalidad. No se trata de acusar a sus proponentes de tener escasos conocimientos de teoría constitucional, sino por el contrario de exigir que su propuesta tenga una clara definición de constitución y que consideren aquellos elementos esenciales que hacen que una carta magna o ley fundamental sea tal.

Argumentar que el país necesita una nueva Constitución Política[1] porque es preciso una “nueva repartición del poder”[2] denota -a todas luces- que dicha propuesta carece de una concepción de lo que entienden por Constitución, lo que ésta contiene y su finalidad. No se trata de acusar a sus proponentes de tener escasos conocimientos de teoría constitucional, sino por el contrario de exigir –antes que nada- que su propuesta tenga una clara definición de constitución y que consideren aquellos elementos esenciales que hacen que una carta magna o ley fundamental sea tal, esto con mayor razón si se pretende cambiarla y más aún si quien refiere es un candidato a la presidencia.

Es inevitable, por su naturaleza jurídica y a la vez política, que la constitución muchas veces resulte siendo objeto de promesas populistas y que en ese intento se afirmen ideas que la desnaturalizan y que por consiguiente se confunda –o engañe- a los ciudadanos, ya que una nueva constitución no significa una nueva repartición del poder, en principio, por la sencilla razón que no hay una vieja repartición del poder en ella y porque no es finalidad de una constitución repartir el poder. Cualquier propuesta que se elabore en base de dicha concepción, resultará equívoca y peligrosa para los fines que debe cumplir una carta magna en nuestro país.

Revisando algunas acepciones[3] sobre la constitución, nos encontramos con aquella que la entiende como una realidad político-organizativa, según la cual sería la norma que establece la organización de un país o según la cual una constitución cumple una función organizadora. Otra acepción, la histórico-real, la considera como la concreta y real configuración de un país, como el resultado o conjunto de factores reales de poder que rigen un país.[4]

Estas acepciones no dejan de ser ciertas pero enfocan una característica, un aspecto o algunos elementos que puede tener o no una carta magna. En algunas constituciones no aparecen, en otras sí. Es decir se centran en aspectos secundarios para el caso de la definición político-organizativa y en aspectos descriptivos para el caso de la definición histórico-real. Ninguna de estas acepciones aborda lo esencial, ni agotan la definición de constitución y perfectamente se puede prescindir de tales aspectos, características o elementos sin que ello afecte la naturaleza de una constitución.

Me he referido a estas acepciones antes de llegar a lo irreducible y esencial de una constitución, porque ni siquiera estas acepciones secundarias, parciales y prescindibles se acercan a la idea de “repartición de poder”. En todo caso, una carta magna puede organizar el poder –aspecto no esencial y prescindible- pero no nace para repartirlo. ¿A qué se refieren entonces quienes hablan de nueva repartición del poder? Ni en su plan, ni en sus declaraciones se encuentra un fundamento para esta imprecisa propuesta.

Es preciso señalar que existen dos elementos esenciales en el contenido de una constitución, los cuales hacen que una constitución sea tal y que si desaparecen, trae como consecuencia la desaparición de la constitución. Estos son: 1. La Limitación del poder por medio del derecho y 2. La garantía de una esfera de derechos y libertades para los ciudadanos.[5]

La Constitución nació para limitar el poder frente al absolutismo en su momento y posteriormente mantuvo este elemento esencial ante las pretensiones del estado de concentrar poder absoluto e ilimitado. La constitución no nació para organizar la vida política, económica y social de un país. Que algunos países hayan incorporado este fin en sus textos constitucionales, no significa que “la organización” sea un elemento esencial de una carta magna. De muy poco nos sirve una constitución que organiza el poder pero que no lo limita, por ello señalaba líneas arriba que la organización no es algo esencial, una constitución puede prescindir de ella. Hay que tener presente que la organización puede darse tanto en el totalitarismo como en un régimen constitucional.

La limitación del poder por medio del derecho – y la garantía de derechos y libertades- son dos ideas que no pueden dejarse de lado al definir la constitución. Según lo expuesto, queda claro que su finalidad en un país no es repartir el poder sino limitarlo. Por ello, pretender cambiar la constitución desconociendo esta esencia, es totalmente desacertado; así como erróneo – e ininteligible- argumentar que ello procede porque el país necesita una nueva repartición de poder. Vemos que la “repartición del poder” no está en la esencia de una constitución y tampoco aparece como elemento secundario. En resumen la propuesta no resiste el menor análisis, parte erróneamente, carece coherencia y no posee ningún fundamento jurídico o político.

En este orden de ideas, no pretendo negar una realidad indiscutible y es que puedan darse cambios constitucionales. Una reforma constitucional formal no puede hacerse desconociendo el concepto de constitución, su naturaleza y sus fines. Tampoco puede hacerse al margen de los mecanismos previstos en la misma ley fundamental y menos ignorando la realidad o voluntad de los peruanos.

Los peruanos no debemos permitir el cambio total de constitución cada vez que cambie el gobierno de turno. Hasta la fecha, esta débil propuesta de sustituir la constitución de 1993 – que permite que estas elecciones sean democráticas- se presenta como la manifestación unilateral de un candidato que a duras penas alcanzó el 25.685 % de votos emitidos y que con ello ya se siente legitimado para imponer su equívoco concepto de constitución al gran porcentaje de peruanos -74.315%- que no lo quiso como presidente en primera vuelta.

Cualquier propuesta para cambiar la constitución, que se jacte de seria debe considerar a los peruanos y debe basarse en lo previsto por la propia constitución vigente. No seguir el procedimiento establecido es quebrantar el orden jurídico. A la fecha la propuesta de los humalistas, da muestras de desconocer este cauce jurídico. Es una característica que siempre se repite en los totalitarios, el desconocimiento del orden jurídico anterior, aún cuando ese régimen los encumbró democráticamente en el poder.

Y así dicen que su propuesta es nueva. No tiene nada de innovador querer volver al régimen de 1979. Lo innovador sería buscar la aceptación de los ciudadanos hacia cambios que se adapten a los nuevos tiempos y utilizar los cauces previstos por el actual régimen constitucional que no concibe una constituyente.

[1] En el desarrollo del artículo me referiré sin distinguir entre ley fundamental, carta magna y constitución.

[2] Expresado por el candidato a la presidencia de la república de Perú Ollanta Humala, en sus declaraciones a los medios y repetido en el Debate Presidencial del 21.04.06.

[3] En Defensa de la Constitución, Antonio Carlos Pereira Menaut, 1997, Págs. 40-42.

[4] Definición de F. Lasalle.

[5] Así, una Constitución es la limitación del poder por medio del derecho y la garantía de una esfera de derechos y libertades para los ciudadanos.

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Yesenia Alvarez

Yesenia Alvarez

Abogada de la Universidad de Piura, quien desde 1998 viene promoviendo la filosofía de la libertad mediante la dirección de proyectos de capacitación para jóvenes y programas de difusión de propuestas para consolidar la Democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo de nuestro país.

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