Venezuela hoy: entrevista a Luis Herrera, investigador de CEDICE Libertad

El venezolano Luis Herrera Orellana, investigador del Observatorio Económico Legistativo del Centro de Divulgación de Conocimiento Económico (CEDICE Libertad, Venezuela), explica el contexto político, económico y social de su país. Las detenciones arbitrarias a opositores políticos, las protestas de los venezolanos en contra del Gobierno, el Acuerdo para la Transición, lo que está haciendo su organización por mejorar la situación del país y lo que, en su opinión, le espera a Venezuela en los próximos meses son algunos de los temas que se tratan en esta entrevista.

¿Cómo justifica el gobierno la detención a las autoridades y líderes opositores como al alcalde José Antonio Ledezma?

La justificación que ha dado el Gobierno nacional –y  el Poder Judicial, que siempre actúa a la zaga y en coherencia con aquél en todos los casos en que hay un interés político del Ejecutivo nacional, como se observa en el caso de las violaciones a la propiedad privada, a la libertad de expresión y a la participación política– es que el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, junto a la diputada María Corina Machado, quien ha sido inconstitucionalmente separada de su cargo como parlamentaria, y el preso político Leopoldo López, estaría planificando no solo la sustitución por vías antidemocráticas e inconstitucionales (derrocamiento) el Gobierno de Nicolás Maduro, sino la realización de “actos terroristas” para generar alternaciones del orden público y llamar así a una insurrección en contra del Gobierno.

En realidad, no hay justificación alguna para esa detención, ni de las de otros dirigentes políticos y estudiantiles, pues se trata de meras afirmaciones, de especulaciones y, en general, de propaganda con fines de crear “verdades” a conveniencia del Gobierno, no de hechos consumados o demostrables, ya que no existen pruebas directas, ni de las conductas delictivas ni de los daños derivadas de ellas. Por lo demás, el Gobierno, con la complicidad del Ministerio Público (Poder Ciudadano) y los Tribunales penales (Poder Judicial) violan la privacidad de las comunicaciones, para grabar llamadas o difundir e-mails, deformar o alterar su contenido, y presentarlas como supuestas pruebas de los delitos no cometidos.

¿Cómo están reaccionando los venezolanos ante estas detenciones y otras medidas arbitrarias?

Los venezolanos, en medio de la crisis, derivada de la escasez, la inflación, el desempleo, el desabastecimiento y la casi ya total falta de información libre en el país, han rechazado la medida mayoritariamente, por considerar injustificado y arbitrario el proceder.

Pero es difícil que haya una respuesta ciudadana de mayor contundencia porque algunos dirigentes y partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, que integran la alianza de oposición o resistencia democrática al Gobierno, condenan las acciones políticas propuestas por otros dirigentes y partidos de oposición (entre los que están los autores del Acuerdo para la Transición) por temor a ser considerados “golpistas” e “insurrectos”. Esto debilita la posibilidad de que la protesta ciudadana se eleve y llegue a constituir efectivamente un factor de presión para el Gobierno, de cara a su cambio de políticas o renuncia al Poder.

¿Cree que Venezuela aún puede resistir más medidas arbitrarias y totalitarias de su Gobierno o puede estallar en algo más complejo?

Es difícil responder a esta pregunta con suficiente fundamento. Pero la combinación de manejo absolutamente discrecional, sin control ni rendición de cuentas, de los fondos públicos (cada vez menores) por parte del Gobierno para entregar dinero inorgánico e importar aún algunos pocos bienes directamente o a través de empresas (propiedad de colaboradores cercanos); de una propaganda omnipresente y de un neolenguaje manipulador difundido a través de cientos de medios de comunicación estatales en todo el país; la ejecución de una “guerra económica” (otra conspiración, esta desde el sector privado, también para, supuestamente, dañar a la población y derrocar al Gobierno nacional), en medio de la censura y autocensura de los pocos medios privados que quedan en el país, pueden prolongar el lapso de medidas autoritarias en contra de la población venezolana, incluida la minoritaria según las más recientes encuestas que aún siguen al oficialismo, sin que haya una reacción social y política de envergadura, más allá del triunfo o derrota en las elecciones parlamentarias.

¿Qué se puede hacer ante esta lamentable situación? 

 Documentar los casos de violaciones a Derechos Humanos; potenciar la participación ciudadana e insistir en que se reconozcan las causas de los graves problemas sociales y económicos del país (las políticas socialistas del Gobierno); organizarse de cara a las elecciones parlamentarias; remitir en forma permanente a las instancias internacionales los casos de violaciones a los Derechos Humanos, a los principios democráticos y al Estado de Derecho; solicitar y saber valorar, utilizar y agradecer el apoyo que se brinden desde instancias internacionales y de gobiernos amigos de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos.

¿Se ha acudido a mecanismos o sistemas internacionales de protección internacional de la democracia y lo derechos humanos? ¿Son realmente efectivos?

Sí, víctimas y organizaciones civiles, con suma dificultad y riesgos, han acudido a estas instancias, y, cada vez más de ellas (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Oficinas y Relatorías de la ONU, y más recientemente la Organización Internacional del Trabajo -OIT) han manifestado su preocupación y rechazo a estas violaciones, recurrentes en algunos casos y sistemáticas, permanentes, en otros. Han sido efectivas en términos de su influencia e impacto ante la opinión pública internacional, pero desde luego no han ni limitado ni influido para que el Gobierno cambie su forma de actuar en estos temas. El Gobierno ignora o descalifica a esas instancias. Y esto sí es muy grave porque suele recibir apoyo o el silencio de los órganos políticos de la ONU, la OEA, la UNASUR, entre otros, lo que constituye una realidad lamentable y muy preocupante en las Américas.

¿En qué consiste el “Acuerdo para la Transición”?

El Acuerdo para la Transición es una propuesta política dirigida al país, en ejercicio de los derechos a la participación política, libertad de pensamiento y libertad de expresión, que han elaborado y suscrito los líderes de los partidos políticos Voluntad Popular, Vente. Movimiento de Ciudadanos Libres y Alianza Bravo Pueblo, Leopoldo López (desde su confinamiento en una cárcel militar), María Corina Machado y Antonio Ledezma. Este acuerdo contiene las ideas, medidas, objetivos y mecanismos para rescatar la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho en Venezuela, para dar respuesta a la grave crisis social que padecen todos los venezolanos en materia de salud, seguridad, servicios públicos, alimentos, medicinas, etc.; y para rehabilitar la destruida económica nacional, hoy reducida a una ineficiente pero muy represiva y corrupta planificación centralizada.

Es un documento de mucho valor político y ciudadano, apropiado por su sencillez para la discusión de temas de urgente atención, el cual puede y debería ser usado por los candidatos a la Asamblea Nacional por la unidad democrática. Suscribo en sus contenidos centrales, en especial en lo relativo a rescatar la autonomía de los órganos del Poder Público y a desmontar la maraña de controles que ahoga a la economía, y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro.

El presidente y quienes lo apoyan dicen que con el acuerdo intenta derrocar al Gobierno…

El documento no contiene ninguna propuesta de violación de la Constitución, de derrocamiento por la fuerza del Gobierno, ni mucho menos propone la comisión de delitos. Se limita a dar a conocer a los venezolanos lo que estos partidos consideran debe hacerse cuando la oposición democrática llegue al poder, a través de mecanismos electorales, que pueden derivar no solo de la terminación de un período de gobierno o de legislatura, sino también de la renuncia y convocatoria de elecciones anticipadas para elegir a un nuevo Presidente de la República, nada de lo cual es ni inconstitucional, ni delictivo.

Recordemos que el difunto Hugo Chávez, luego de salir de la cárcel por un indulto y antes de decidir competir como candidato a la presidencia en las elecciones de 1998, públicamente pidió en varias ocasiones al entonces presidente Rafael Caldera que renunciara a su cargo. Ni este ni ninguna autoridad de la fecha acusó al ex golpista del 92 de cometer un delito o estar preparando un golpe de Estado. Él tenía y ejerció su derecho a pedir la renuncia del Presidente.

¿Qué acciones está llevando a cabo CEDICE Libertad a partir de estos últimos hechos de violencia y represión?

A través de sus diferentes proyectos, en especial a través de los Observatorios de Libertad Económica, de Gasto Social y de la Propiedad (sea mediante análisis costo-beneficios, informes especiales, comunicados o artículos de opinión), CEDICE ha estado permanentemente examinando en forma crítica y alertando a la ciudadanía en general, a las autoridades nacionales y demás actores políticos, económicos y sociales de Venezuela sobre las negativas consecuencias prácticas de las políticas contrarias a los derechos políticos y económicos de los venezolanos adoptadas por el Gobierno. En concreto, se ha alertado de las órdenes de intervención, ocupación, toma y confiscación de empresas privadas, medidas policiales de privaciones arbitrarias de libertad, decretos-ley, reglamentos y leyes dictadas por la Asamblea Nacional.

Del mismo modo, fiel a sus principios fundacionales, CEDICE y sus organizaciones aliadas han continuado, en medio de la compleja situación nacional, realizando actividades de formación y capacitación de niños, jóvenes, periodistas, organizaciones sociales, universitarios y ciudadanos en general, en temas relativos a la libertad de empresa, la propiedad privada, el Estado de Derecho, la economía de mercado, la libertad de expresión e información. En estas capacitaciones no sólo se alerta sobre los problemas actuales del país, sobre sus causas y efectos vinculados con el socialismo del siglo XXI que se está aplicando, sino también sobre las alternativas, propuestas, políticas públicas, reformas legislativas y otras medidas institucionales que se deben adoptar, dentro del marco constitucional vigente, para la superación de la grave situación política y económica nacional, así como de la violación sistemática de Derechos Humanos.

¿Cuál cree que será el panorama político, social y económico de Venezuela para los próximos meses?

El panorama se muestra sumamente complejo. De un lado, con un mayor malestar social, aumentan las razones para la protesta ciudadana pacífica y organizada y es cada vez más posible derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias (siempre que la dirigencia de la oposición democrática logre resolver el falso dilema entre protestas sociales o elecciones).

Del otro lado, puede aumentar la represión política, las violaciones a la propiedad, la censura y las violaciones a la libertad de información y expresión, las privaciones arbitrarias de la libertad de personajes públicos (políticos, periodistas, integrantes de ONG, profesionales del derecho, de la salud, empresarios, etc.) y la destrucción de la poca institucionalidad democrática y jurídica que queda en Venezuela. Una prueba de esto último es la injustificada e inconstitucional Ley Habilitante que Nicolás Maduro ha solicitado a sus diputados oficialistas en la Asamblea Nacional para supuestamente enfrentar “la agresión imperialista de EEUU”, pero que en realidad servirá para reprimir aún más la disidencia, violar más directa e impunemente los Derechos Humanos, debilitar y liquidar más todavía la poca democracia que queda en Venezuela en Gobernaciones y Alcaldías no oficialistas, y para fortalecer la propaganda “orweliana” cuyo objeto es crear un permanente estado de excepción, sin declararlo, y así no solo confundir, engañar y ocultar la verdad, sino incluso hasta suspender las elecciones parlamentarias.

Toda la observación, cooperación y pronunciamientos internacionales, tanto de organismos multilaterales como de organizaciones civiles y gobiernos democráticos en materias no domésticas (el respeto a los Derechos Humanos, a los principios democráticos y a las reglas del Estado de Derecho) es no solo necesario sino indispensable para que las víctimas de las violaciones, así como quienes luchan por la libertad y la democracia en Venezuela, no sean invisibilizados ni tampoco objeto de agresiones aún más graves por parte del gobierno.

   luis herrera

 

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Diego Ato

Egresado de Comunicación por la Universidad de Piura. Actualmente, se desempeña como coordinador de proyectos de investigación y capacitación en el Instituto Político para la Libertad Perú (IPL-Perú).

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